El Gobierno ha extendido las medidas de ámbito mercantil y concursal que pretenden evitar que miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) y de autónomos entren en liquidación automática como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
Así, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, publicado en el BOE el 18 de noviembre, extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.
También se amplía el plazo para la inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio y las de incumplimiento del acuerdo de refinanciación. Con ello, se busca evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, otorgándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores.